La reciente transferencia al Gobierno autonómico vasco de la gestión de las ayudas previas a la jubilación para trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo, realizada a finales de junio, abre el debate sobre las consecuencias que puede generar la cesión al País Vasco de la gestión económica de la Seguridad Social, prevista para el próximo año. 

Es una reivindicación que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) realiza desde hace más de 40 años. Argumenta que se trata de una competencia recogida en el Estatuto de Gernika y refrendada por una sentencia del Tribunal Constitucional, que reconoce a la región «el derecho» de gestionar los fondos de la Seguridad Social.