Después de que la tormenta perfecta generada por la crisis sanitaria haya convertido a 2020 en un ‘annus horribilis’ para la bolsa española, las cotizadas y sus inversores han recibido una noticia cuyo impacto aún es incierto. Se trata del proyecto de ley de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas que el Gobierno español ha remitido al Congreso de los Diputados para su aprobación.

Esta norma transpone la Directiva 828/2017 -dirigida a aumentar las posibilidades de financiación de las sociedades cotizadas y su sostenibilidad a largo plazo- e introduce cambios en el gobierno corporativo de estas compañías para aumentar la competitividad del mercado español de capitales.