Juegos Olímpicos en el alambre

Las Olimpiadas de Tokio aún podrían cancelarse, pero las consecuencias legales y financieras serían impresionantes

El Comité Olímpico Internacional (COI) se mantiene firme en su decisión de que los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán como estaba previsto el 23 de julio, y de que, a partir del 24 de agosto, se celebrarán los Juegos Paralímpicos. Los sondeos indican que la opinión pública japonesa se manifiesta igualmente firme en el sentido de que ninguno de ambos eventos debe seguir adelante. 

Artículo incluido en el número 1.238

Este sentimiento público contrario a la celebración de los Juegos se ha visto reforzado por la inquietud expresada por los patrocinadores locales. Un instituto de investigación también argumenta que, aunque la cancelación de los Juegos costaría a Japón 1,81 billones de yenes (13.500 millones de euros), la pérdida económica seguiría siendo menor que los costes asociados a un estado de emergencia posolímpico en todo el país. 

Y Naoto Ueyama, director del Sindicato de Médicos de Japón, ha llegado a sugerir que los Juegos Olímpicos podrían provocar la mutación de una nueva cepa de Covid. 

Este tipo de preocupaciones sanitarias y económicas tienen una base especulativa, pero no dejan de ser reales. 

Varias prefecturas de Japón, incluidas aquellas en las que se celebrarán los Juegos Olímpicos, continúan en estado de emergencia, prorrogado ahora hasta el 20 de junio. Y la tasa de vacunación de Japón es una de las más bajas de los países desarrollados, con menos del 5 por ciento. 

Ambos factores redundan en la preocupación del público en general de que los riesgos de acoger los Juegos en julio parecen demasiado elevados para seguir adelante. 

Sin embargo, el primer ministro, Yoshihide Suga, ha afirmado que la decisión de cancelar los Juegos corresponde en última instancia y de forma unilateral al COI. 

Parece poco ortodoxo que una entidad privada como el COI pueda ejercer tal influencia en un estado soberano que se enfrenta a un grave problema de salud pública. 

Estas declaraciones de Suga se explican tanto por la rigidez política como por una cuestión de orgullo nacional. Pero también reflejan el lenguaje y las obligaciones contractuales de la ciudad anfitriona por el acuerdo alcanzado entre el COI y Tokio en 2013. 

Este es un documento extraordinario. La cláusula 72 es un buen ejemplo de la naturaleza del poder otorgado al COI.

Las cartas del COI

Si en las próximas semanas el Gobierno nipón pretende aprobar una ley o incluso una normativa de salud pública que tenga consecuencias negativas para la celebración de los Juegos (y, por tanto, consecuencias comerciales negativas para el COI), podría considerarse un incumplimiento de contrato. 

Y esto justificaría la resolución del contrato por parte del COI. 

La cláusula 66 contiene toda la gama de situaciones a las que se puede agarrar el COI para resolver el contrato. Si Japón decide en las próximas semanas que directamente no puede acoger los Juegos, esta cláusula permitiría al COI, a su entera discreción, abandonar sin más el contrato. 

En cualquiera de los dos casos, Tokio no sólo correría con los gastos de los preparativos hasta la fecha, sino que además seguiría teniendo la obligación de indemnizar al COI por cualquier reclamación, acción o sentencia de terceros. 

Incluso si los organizadores alegaran la cláusula del contrato que puede permitir una cancelación por acontecimientos imprevistos (una cláusula de fuerza mayor), el COI no tiene la obligación de estimar dicha solicitud. 

Thomas Bach, presidente del COI, y Yoshihide Suga, primer ministro japonés (fotografía de KAZUHIRO NOGI/POOL/AFP vía Getty Images).

Es significativo que los poderes otorgados al COI no solo son aplicables a una cancelación antes de los Juegos, sino también en cualquier momento durante la celebración de los mismos. 

Si, por ejemplo, el COI tiene motivos para creer que la seguridad de los participantes se vería seriamente amenazada, por ejemplo, por un repunte repentino de Covid, podría rescindir el contrato a su entera discreción. Una vez más, los costes asociados correrían en gran medida por parte de los organizadores. 

Aunque los organizadores de los Juegos cuentan con seguros que cubren la posible cancelación de los mismos (al igual que el COI), la naturaleza de las pérdidas, independientemente de que estuvieran cubiertas por dichos seguros, debe situarse en un contexto concreto. 

El presupuesto de Tokio 2020 se fijó en 10.500 millones de euros, pero desde entonces, se ha disparado a 12.500 millones de euros, un récord para unos Juegos Olímpicos de verano. Se especula que el gasto final será el doble del presupuesto original. 

Las aseguradoras se preparan 

Si se cancelan los Juegos, el sector de los seguros se prepararía para la mayor cobertura mundial de la historia por un evento, estimada entre 1.500 y 2.500 millones de euros. 

E incluso con esta cobertura, Tokio seguiría teniendo que desembolsar millones de euros en costes de capital por las infraestructuras construidas para los juegos. 

A medida que se acerca la fecha, existen otros riesgos y obligaciones jurídicas que se deberán cubrir para celebrar unos Juegos seguros y evitar la pesadilla de un escenario de «supercontagio». 

Si decide seguir adelante, el COI asumirá una mayor responsabilidad logística y jurídica (o un deber de cuidado) para su celebración en condiciones seguras. 

Según la World Players Association, el COI deberá hacer mucho más para garantizar la seguridad de los deportistas. En declaraciones del director ejecutivo del grupo: «El COI y los demás responsables de los Juegos tienen el deber fundamental de proteger la salud del público y de los deportistas frente a cualquier posible riesgo, lo que significa que no se puede escatimar ningún gasto».  

Los posibles daños a los deportistas y a la salud pública no deben ser daños colaterales en la organización del mayor megaevento deportivo del mundo.

Los informes que apuntan a que hasta tres deportistas compartirán habitaciones pequeñas en instalaciones con escasa ventilación son simplemente inaceptables. 

El COI, con su vicepresidente a la cabeza, John Coates, ha defendido a capa y espada que su hoja de ruta, avalada por la Organización Mundial de la Salud, tiene fundamentos operativos, médicos y jurídicos sólidos para seguir adelante. 

Sin embargo, la falta de detalles logísticos específicos en la hoja de ruta ha recibido algunas críticas. Algunos observadores sostienen que hay lagunas de evaluación entre lo que espera lograr la hoja de ruta antes de los Juegos y lo que realmente se puede conseguir. 

Vacunación de los deportistas olímpicos 

Además, se ha pedido al presidente del COI, Thomas Bach, que ofrezca detalles más concretos sobre su afirmación de que el 80 por ciento de los deportistas estarán vacunados antes de llegar a Tokio. 

También está el asunto de las exenciones de responsabilidad que se piden a los deportistas, que evitan cualquier responsabilidad por parte del COI y los organizadores de Tokio en caso de contagio de algún deportista. 

La hoja de ruta del COI establece que, aunque se hará todo lo posible para mitigar los riesgos que conlleva la participación en los Juegos, «es posible que no se pueda eliminar todos, y por lo tanto usted [el deportista] acepta asistir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos bajo su propio riesgo». 

El COI asegura que el 80% de los deportistas estarán vacunados antes de llegar a Tokio

El COI ha dicho que esta cláusula es una «práctica habitual» en grandes eventos deportivos. Eso es así, como suele ocurrir con cualquier exención de responsabilidad que se firme antes de comenzar una actividad deportiva de evidente riesgo. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que una exención de responsabilidad como esta no tiene ningún efecto si la razón por la que un deportista cae enfermo se debe a una negligencia. El COI sigue teniendo el «deber de cuidado» de todos los deportistas que participan en los juegos. 

En pocas palabras, si el COI no cumple de forma razonable con los protocolos de su propia hoja de ruta y eso conlleva un daño a un deportista, se podría presentar una demanda por negligencia. 

El COI opina que, una vez iniciados los Juegos, el evento cogerá impulso y supondrá un grato entretenimiento para el público japonés y el resto del mundo. 

Sin embargo, el desvío de recursos médicos y logísticos que supondrán los Juegos, y la constante oposición de la opinión pública japonesa, pueden ser los principales elementos en contra del COI. Unos Juegos no deseados no son unos Juegos. ● Un artículo de The Conversation

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