La estrategia de Pablo Casado para llegar a la Moncloa pasaba por las elecciones autonómicas de Castilla y León y las de Andalucía. El decepcionante resultado de las primeras –y la consiguiente entrada de Vox en el Gobierno regional– terminó de sellar la suerte del anterior líder del Partido Popular. Las que se celebrarán en junio en la mayor comunidad autónoma de España servirán para medir las posibilidades de que su sucesor recupere el poder perdido por Mariano Rajoy en 2018. 

Alberto Núñez Feijóo no podrá alegar, como hizo al formarse el nuevo Gobierno castellanoleonés, que él no estaba al frente del partido cuando se dio acomodo por primera vez a la ultraderecha en un ejecutivo regional. Lo que ocurra a partir del 19 de junio se anotará en el activo o el pasivo de su hoja de servicios.

El instrumento principal de Feijóo se llama Juan Manuel –«Juanma»– Moreno Bonilla. El líder andaluz aspira a repetir al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía en los comicios convocados, tras meses de deshojar la margarita, medio año antes del final de la legislatura. E, inversamente, el nuevo presidente nacional del PP es el aval con el que Moreno espera zafarse de la extrema derecha para seguir gobernando durante los próximos cuatro años.

Andalucía, Cataluña y Madrid son las tres mayores comunidades de España en número de habitantes y, en orden diferente, en volumen de producto interior. Entre las tres acumulan casi la mitad de la población española y un 40 por ciento del PIB total. Su peso en la política nacional –en la capacidad real de gobernar– es proporcional a la demografía y a la economía. 

A «Juanma» Moreno hay que reconocerle el mérito de lograr algo impensable durante décadas en Andalucía: disputarle al Partido Socialista la condición de primera fuerza regional. El PP no lo fue en las elecciones de 2018; por eso necesitó del apoyo de Ciudadanos y la aquiescencia de Vox. Sin embargo, las últimas encuestas indican que, en esta ocasión, rebasará cómodamente al PSOE cuando se acuda a las urnas.

Derrotar a la izquierda y a Vox

La pregunta, sin embargo, es si será suficiente. El objetivo ideal de los populares es no tener que formar –esta vez con Vox– su segundo gobierno de coalición. El reto es considerable. Al anunciarse la convocatoria electoral, las encuestas otorgaban a los populares algo más de un tercio de la intención de voto frente al 25,5 por ciento al que caen los socialistas. Ese resultado daría a Moreno Bonilla 44 de los 55 escaños del parlamento andaluz necesarios para investirle.

Descontados los socialistas, solo Vox –el único partido que sube consistentemente en Andalucía desde 2019– permitiría alcanzar la mayoría para decidir la presidencia. La alternativa sería sumar más escaños que la totalidad de la izquierda y confiar que Vox se abstuviera de vetar un gobierno en minoría, pero esa solución introduciría un elemento de inestabilidad poco compatible con la imagen que el PP quiere proyectar en su nueva etapa.

La proclamación, a principios de abril, del presidente gallego en el congreso extraordinario de Sevilla actuó como un revulsivo para invertir la caída del PP en la estima de los votantes españoles. Su apuesta, ahora, es que el factor Feijoo se amplíe durante las siete semanas que restan hasta que se vaya a votar. 

Ese es el tiempo del que disponen los estrategas de la calle Génova (encabezados ahora por Elías Bendodo, el hombre fuerte de Moreno) para capitalizar la previsible implosión de Ciudadanos –partido en el que se han acelerado las deserciones en Andalucía tras el anuncio electoral– y recuperar los votos que se le han ido a Vox en los últimos años.

Andalucía ha sido cuna de la eclosión y caída de Podemos y Cs; pero sobre todo de la llegada de Vox

Las elecciones andaluzas siempre han sido algo más que una competencia regional. Durante décadas, dieron a los socialistas algo parecido a un monopolio autonómico al tiempo que constituían el principal reservorio de votos –lo que comúnmente se llama «granero de votos»– para el PSOE nacional. 

En los últimos años, la comunidad ha sido también escenario de otros fenómenos nuevos en la política española: la eclosión del Podemos andaluz y luego su ruptura; la escisión por su izquierda que supuso Adelante Andalucía y luego el declive de Teresa Rodríguez; la elevación de Ciudadanos a la categoría de partido decisivo y luego su caída… Pero, sobre todo, fue el primer territorio en que la ultraderecha entraba en un parlamento autonómico.

Vox ha sido quien más se ha beneficiado del reajuste del mapa político andaluz. Ha condicionado desde fuera del Ejecutivo sin necesidad de asumir ni las responsabilidades ni el desgaste que supone gobernar, aunque sea en coalición. El resultado que obtenga (actualmente cuenta con 11 diputados en la cámara andaluza) decidirá el cariz del próximo Ejecutivo y certificará si el PP hereda el papel que antaño tuvieron los socialistas andaluces.

Moderación enérgica

Moreno y Feijóo están obligados a desarrollar una triple estrategia: competir contra la izquierda, atraer a los votos de Ciudadanos y detener el ascenso de la derecha populista. Y es que Vox, crecido tras su éxito en Castilla y León, aspira a emular a Marine le Pen cosechando apoyos donde hasta hace poco nadie lo hubiera vaticinado: entre los votantes rurales más desencantados con la política de siempre, susceptibles de dar una oportunidad a quienes proponen soluciones populistas a los males de la economía y de la convivencia.

Feijóo quiere convencer al electorado de que el nuevo estilo «popular» –la moderación enérgica– es más útil a la hora de responder a sus demandas. Moreno Bonilla ha tenido éxito en aplicar esa fórmula en los tres años y medio en los que ha ejercido la presidencia andaluza. El reto que encara ahora es lograr que los beneficios que promete el «nuevo PP» sean lo suficientemente convincentes para gobernar en solitario. En Andalucía, primero, y en España después.

Con el PSOE a contrapié

El 19 de junio puede marcar un auténtico punto de inflexión para el Partido Socialista. En Andalucía, permitirá comprobar si conserva la profunda penetración territorial labrada durante 37 años de poder regional. Y, a escala nacional, indicará si el Partido Popular ha recuperado la capacidad de vencer al Gobierno de Pedro Sánchez cuando se celebren las próximas elecciones generales.

Las elecciones pillan a los socialistas en un momento complicado. El origen de parte de sus problemas escapa a su control –los efectos de la pandemia, la escalada de precios, la polémica de las escuchas a lideres independentistas– pero no les absuelve de pagar las consecuencias de su gestión. Sin embargo, la principal debilidad del PSOE andaluz es, en leguaje tenístico, un error no forzado: la demora en reconstruir su estructura regional tras una larga crisis interna.

Su nuevo secretario general, Juan Espadas, fue proclamado hace diez meses tras unas primarias tan cocinadas desde la dirección federal que no necesitaron votación. El entonces alcalde de Sevilla era el único candidato. Su nueva ejecutiva regional es la más numerosa en la historia del PSOE-A (60 miembros frente a los 48 de la anterior) y está concebida para reactivar el poder municipal: los socialistas gobiernan en 455 de los 785 municipios de la comunidad autónoma.

Pese a ello, Espadas tiene todavía un bajo nivel de reconocimiento entre el electorado. Según el Barómetro Andaluz, el CIS regional, de principios de abril, solo un 53 por ciento de los andaluces le identifican claramente, una cifra que, irónicamente, contrasta con el 61 por

ciento que obtenía a finales de 2021. Su reto es recuperar la visibilidad que dejó de tener cuando se apeó, en enero, de la alcaldía de Sevilla.

Es difícil que el PSOE andaluz repita su condición de partido más votado en las elecciones del 19 de junio. Sin embargo, una perdida exagerada tendría consecuencias más allá de la comunidad. Andalucía fue la china en el zapato de Pedro Sánchez cuando mandaba Susana Díaz. Y puede ser una losa si Juan Espadas fracasa como candidato.